El País, 05-05-2013. Crece la presión sobre el Ministerio de Justicia. Un movimiento contra la criminalización de la ayuda a los inmigrantes recorre los ayuntamientos de España y ya hay una comunidad autónoma, Aragón, que ha manifestado su rechazo ante cualquier medida que suponga un obstáculo a la solidaridad con las personas que vienen de otros países. Consistorios como Sevilla, Málaga, Barakaldo o Vila-real solicitan al Gobierno que cambie la redacción de un artículo del nuevo Código Penal contra el que se han posicionado más de 30 ONG, entre las que se encuentra SOS Racismo, Médicos del Mundo y Pueblos Unidos.
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