El País, 23-04-2012. Las medidas anunciadas por el Gobierno dejarán sin tarjeta sanitaria a unos 150.000 extranjeros en situación irregular en un plazo de dos años, según los cálculos de este diario. Ello supondría un ahorro aproximado de 240 millones, en lugar de los 500 previstos inicialmente por el Ejecutivo, si tomamos como base el gasto medio de un ciudadano español en servicios sanitarios. Según un borrador del decreto al que ha tenido acceso este diario, la residencia no será la única condición para poder acceder a la tarjeta que da acceso a las consultas de primaria. Habrá que estar asegurado. Y esto, de manera general, implica darse de alta en la Seguridad Social.
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