El País, 30-08-2012. A partir del 1 de septiembre, al menos 150.000 extranjeros no comunitarios que se hallan en situación irregular en España verán sustancialmente limitado su acceso al sistema sanitario público, poniendo en riesgo el derecho constitucional a la protección de su salud. El decreto ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que entra en vigor es esa fecha restringe la asistencia sanitaria a ese colectivo —el más desfavorecido en la escala social— a los casos urgentes, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad. Con esa reducción, el Gobierno pretende ahorrar unos 500 millones de euros al año, aunque cálculos más realistas rebajan el ahorro a la mitad, más o menos lo que se deja de cobrar a los países de la Unión Europea por una deficiente facturación de los servicios sanitarios prestados a nacionales de esos países en España.
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