"La entrada de más de 8.000 personas a la ciudad de Ceuta y la posterior devolución de más de la mitad de ellas en apenas 36 horas se trata de un acontecimiento dramático del que estamos obligados a analizar para obtener conclusiones que nos ayuden a no repetir errores, pero también recordar advertencias y propuestas que numerosas entidades de derechos humanos como CEAR, llevan años poniendo encima de la mesa.

1. Como ya se vio con Turquía o Libia, se demuestra una vez más que la política europea de externalización de fronteras, a cambio de cifras millonarias, antes o después acaba en fracaso. Subcontratar a países que no respetan los derechos humanos como gendarmes para controlar nuestras fronteras exteriores, no solo provoca que miles de personas vean vulnerados sus derechos con nuestra connivencia, sino que a medio plazo nos acaba convirtiendo en víctimas de continuos chantajes.

2. Las expulsiones que se han realizado en las últimas horas en Ceuta, justificadas en el marco del acuerdo entre España y Marruecos, son “devoluciones exprés” o “en caliente”, pero en definitiva son devoluciones ilegales contrarias al derecho internacional. Así lo han confirmado las sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Tribunal Constitucional español que exigen que las devoluciones en frontera deberán llevarse a cabo con garantías, en el marco de una identificación individualizada (nunca colectiva), con el fin de poder hacer una detección de perfiles vulnerables y garantizando el acceso a la tutela judicial efectiva. En la medida que en las devoluciones en Ceuta no ha existido un recurso efectivo, y en ausencia de procedimiento, se han incumplido las garantías legales exigidas.

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