Cáritas Española, 11-06-2026. Un grupo de trabajo compuesto por numerosas entidades sociales lleva años dando seguimiento a la negociación, aprobación e implementación por parte de España del Pacto Europeo de Migración y Asilo con el objetivo de contribuir a que prevalezca en todo el proceso un enfoque de derechos de las personas en movimiento. El próximo 12 de junio se materializará la implementación del Pacto con su entrada en vigor, lo que supone un hito para todos los países europeos. Esta nueva etapa para la política migratoria plantea importantes retos en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas. A ello se suma el acuerdo alcanzado el 1 de junio sobre el Reglamento europeo de Retorno, que amplía el uso de la detención de las personas migrantes e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones. Estas normativas, junto con la revisión del concepto de tercer país seguro -mecanismo legal que permite a un país rechazar las solicitudes de asilo y deportar a los solicitantes a un tercer país (de tránsito)- y la aprobación de una lista de países de origen considerados seguros -la cual incluye estados con graves deficiencias en derechos humanos-, debilitan gravemente derechos y garantías consolidados.
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