El País, 04-08-2015. Los caseros británicos deberán expulsar de su vivienda a los inquilinos que carezcan de derecho de residencia, o este haya expirado, sin necesidad de una autorización judicial y bajo amenaza de sanciones que contemplan hasta una pena de cinco años de cárcel. Con el anuncio este lunes de esta medida, que será introducida en la nueva ley de Inmigración, el Gobierno de David Cameron esgrime la mano dura como respuesta a la crisis migratoria de Calais (Francia), que amenaza con desbordar a su administración.
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