El País, 14-04-2013. Más de 300.000 personas llaman cada año a las puertas de Europa en busca de asilo. Apenas tres de cada 10 acaban obteniendo protección, pero los procesos se eternizan y varían mucho de un país a otro. Tras más de 10 años de negociación, la Unión Europea tiene casi cerrado un conjunto de medidas que obligarán a los Estados a resolver en seis meses todas las demandas. Junto a las mejoras, el paquete incluye una novedad controvertida: la posibilidad de que la policía acceda a la base de datos con las huellas dactilares de quienes solicitan refugio. La potencial criminalización que esta medida otorga al colectivo generó reticencias en la Comisión Europea y el Parlamento, aunque la presión de los Estados llevó finalmente a aceptarla.
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