El Páís, 28-02-2013. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, habitualmente templada en sus apreciaciones, considera que el Gobierno incumplió la ley el pasado mes de septiembre cuando entregó a Marruecos a 71 inmigrantes que habían llegado al islote español Isla de Tierra, frente a la costa marroquí. El Ejecutivo siempre ha mantenido que la llegada de decenas de inmigrantes al peñasco “precisaba una reacción inmediata y coordinada con las autoridades de Marruecos” (como consta en una reciente respuesta parlamentaria a UPyD), pero nunca ha reconocido la acusación de numerosas ONG que ahora asume la Defensora del Pueblo: que para resolver el problema se vulneró la ley y no se respetaron los derechos que el ordenamiento prevé en España para los inmigrantes.
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