La reacción al Real Decreto Ley 16/2012 en las distintas comunidades autónomas (CCAA) ha sido muy diversa. Algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 –es decir, cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma- , bien no atendiéndoles directamente o bien retirándoles las tarjetas sanitarias. Mientras tanto, otras CCAA han interpuesto recursos de inconstitucionalidad o han declarado que van seguir atendiendo a todas las personas en sus servicios de salud empleando diferentes estrategias.
Médicos del Mundo, dentro de su web Derecho a curar.org ofrece un material gráfico en el que se visibiliza la discrecionalidad de la aplicación de la normativa y las consecuencias negativas que esto supone.
Suscríbase a nuestro boletín para recibir en su correo electrónico las novedades de la web