Por Jaime Esparrach Hernández, secretario general de Cáritas Diocesana de Huesca. 23-04-2021. En los últimos años, nuestro país se ha convertido en un importante receptor de personas solicitantes de asilo y protección internacional que han huido de sus países de origen debido a situaciones de violencia y un claro riesgo para sus vidas, o buscando una nueva oportunidad lejos de sus naciones derruidas por la guerra, la injusticia, la delincuencia o la corrupción. Estas personas, familias en su mayoría, acceden al sistema de asilo y refugio español, pero se encuentran con la barrera de las denegaciones, un muro tan alto como cualquier frontera, pero mucho más cruel, ya que después de ser acogidos y concedérsele una autorización temporal que les permite empezar a trabajar a los seis meses e iniciar un nuevo proyecto vital, su solicitud se resuelve de forma negativa en el 95 por ciento de los casos. De esta manera se condena a muchas personas a la irregularidad sobrevenida, a abandonar sus empleos, a no poder acceder a prestaciones públicas y, sobre todo, a la invisibilidad.

La irregularidad sobrevenida en Huesca. Esta realidad se está imponiendo en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades, e incluso en territorios pequeños como la Diócesis de Huesca lo estamos sintiendo muy de cerca, y lo peor es que la tendencia es alarmante.
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