Casi el 90% de las víctimas de trata rechazaron en 2011 la protección policial que la legislación española les garantiza si ellas colaboran con la justicia denunciando a sus explotadores. Desde que entró en vigor la última reforma de la Ley de Extranjería, en julio del año pasado, 752 mujeres tuvieron esa oportunidad, pero 669 la rehusaron, según informó a Efe Pedro Bernardo, jefe de la sección primera de la Brigada Central de Redes de Inmigración. Las otras 83, en cambio, sí decidieron acogerse al artículo 59 bis de la nueva normativa, en el que se establece un periodo de 30 días de reflexión, en el que las víctimas deben decidir si cooperan con la justicia para encausar a los mafiosos que trafican con personas con fines de explotación sexual. Durante ese tiempo, a la víctima identificada "se le autorizará la estancia temporal" en España y tanto ella como sus hijos menores y discapacitados tendrán asegurada su "subsistencia, seguridad y protección".
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