El País, 06-09-2012. La decisión del Gobierno de negar asistencia sanitaria no urgente a los inmigrantes en situación irregular, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, al amparo de los reales decretos de 24 de abril y 3 de agosto, no reducirá el gasto sanitario y sólo está provocando desconcierto y más papeleo entre los afectados y los profesionales de la sanidad. Además, ha generado un debate que alimenta los discursos xenófobos al culpabilizar, de alguna manera, a los más débiles de la falta de recursos.
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