El País, 29-09-2012. Desconcierto, falta de previsión, disparidad de criterios... La expulsión de los inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria pública ha desembocado en un lío monumental. Un mes después de la entrada en vigor de la medida, los sin papeles tienen cobertura según dónde viven, la confusión crece entre los profesionales y organizaciones como Cáritas alertan de que cobrarles por la asistencia puede llevar a su muerte civil.
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