La Razón, 30-08-2012. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró ayer en Valladolid que «nadie va a quedar desatendido» cuando acuda a un centro de salud de nuestro país, si bien concretó que quien no disponga de tarjeta sanitaria deberá abonar dicha asistencia, tal y como fijaba la Ley General de Sanidad de 1986. «No es una cuestión de ajuste económico, sino que se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, además de garantizar el principio de reciprocidad en relación con el tratamiento que reciben los españoles fuera de nuestras fronteras», recordó. La medida, que afectará a 153.000 inmigrantes y supondrá un ahorro estimado de 500 millones de euros, entra en vigor el próximo sábado. Las comunidades gobernadas por el PP aceptarán la medida y el resto buscan fórmulas para seguir prestando esta asistencia a pesar de estar obligadas por el real decreto de reforma de la Sanidad.
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